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Os dejamos copia de un artículo del diario Público sobre los efectos de la privatización de los Servicios Sociales en el Reino Unido. Sin comentarios.

“Gloria Foster tenía 81 años y padecía demencia. Tras permanecer en su casa nueve días sin comida ni medicación falleció en un hospital de Epson. Carefirst24, la compañía de atención social que acudía a domicilio para cuidarla, había sido cerrada por el Departamento de Inmigración al descubrir que contrataba inmigrantes ilegales. Nadie reparó en que Foster era ajena a esa clausura y precisaba atención médica, hasta que una enfermera la descubrió agonizando en una de sus visitas rutinarias.

La muerte de esta británica de Surrey ilustra una parte de la precariedad que se vive en el sector de la atención social en Reino Unido, donde el 70% de esta actividad se haya externalizada a empresas privadas. De los cerca de dos millones de trabajadores sociales que hay en el país, al menos 220.000 estarían recibiendo menos del salario mínimo nacional, fijado en 6,19 libras (7,37 euros) a la hora.

Una práctica ilegal que, sin embargo, se ha acentuado en los últimos años tal y como apuntan estudios como el recientemente publicado por la Universidad de Leeds, que revela que si entre los empleados con más experiencia esta práctica apenas tenía incidencia entre 2008 y 2011, sólo en 2012 superaba ya el 10%. La Agencia Tributaria británica (HMRC por sus siglas en inglés) ha investigado en el último año casi 1.700 denuncias en total contra empleadores que incumplen con el salario mínimo.

Como resultado, 708 empleadores fueron sancionados con multas que alcanzan las 5.000 libras (unos 6.000 euros) y más de 26.500 trabajadores afectados fueron compensados con una media 150 libras (178 euros). Un informe del think tank Resolution Foundation estima que el sector de la atención social y la salud, junto con la educación, representan el 22% de las actividades en las que más se dan estos sueldos irregulares.

La ganga de la privatización

La precariedad del sector de la atención social va más allá del incumplimiento del salario mínimo. Tal y como refleja el estudio de la Universidad de Leeds, de los 830.000 trabajadores que acuden a domicilio, más de la mitad lo hacen bajo la fórmula del contrato sin horas , en parte, porque son las propias autoridades locales que gestionan estos servicios las que por lo general -apenas un 3% sí lo hace- no garantizan horas de trabajo a sus contratas.

Algo, por otro lado, que tiene una incidencia extraordinaria considerando que la atención social se haya privatizado en su práctica totalidad: únicamente un 13% son contratadas directamente por el Estado, a las que hay que sumar algo más de otro 13% a cargo de las organizaciones sin ánimo de lucro. Colin Angel, director de Política y Campañas en la Asociación de Atención Domiciliaria en Reino Unido (UKHCA), advierte que “las autoridades locales están reduciendo los precios de los servicios de atención a domicilio año tras año, y lo hace de diversas maneras”.

En primer lugar, “haciendo valer su poder de contratación y tirando precios a la baja”; no en vano, los cálculos de la UKHCA coinciden con los del estudio de Leeds al indicar que “el 70% de esto tipo de servicios estánsubcontratados a empresas privadas”.

En este sentido, además, los precios máximos fijados por las autoridades son inferiores a lo que en muchos casos ya se encuentran pagando. Otra de las quejas de la asociación viene por la congelación de precios a que son sometidos por parte del Estado durante periodos de tres o más años, sin considerar el impacto de la inflación, las contribuciones a las pensiones o el incremento del precio de los carburantes.

Desde el sindicato Unison denuncian que 1.000 millones de libras (1.200 millones de euros) de los 3.000 millones (3.500 millones euros) recortados en 2011/2012 en los presupuestos locales vinieron de los destinados a la atención social para adultos en Inglaterra.

15 minutos por paciente

Asimismo, el responsable de la UKHCA asegura que “por lo general, las autoridades locales sólo pagan por el tiempo que el asistente pasa en el domicilio del enfermo, sin contemplar los desplazamientos entre visitas, a pesar de que éstos deberían computar como tiempo de trabajo”. Esta se ha convertido en la gran trampa para los trabajadores que, aun cobrando el salario mínimo no ven cubiertas sus necesidades básicas llegando a perder casi una libra (1,20 euros) a la hora. Eso significa que con una jornada semanal de 35 horas durante 48 semanas al año estarían perdiendo 1.700 libras (más de 2.000 euros) anuales.

Susan tiene 48 años y lleva más de diez trabajando para una empresa de atención social a domicilio -cuyo nombre prefiere omitir por miedo a perder su empleo-. “Mi empresa me paga justo el salario mínimo, pero si descuento lo que me gasto en transporte para visitar a mis pacientes apenas me quedan limpias 4,70 libras (5,60 euros) a la hora”.

En este sentido, desde la UKHCA, Angel admite que “muchos empleadores no han comprobado si sus ratios de pago le permiten al trabajador costearse los desplazamientos”, si bien matiza que “las fórmulas para realizar estos cálculos en la atención a domicilio son realmente complejas”. Por ello, el responsable lamenta que “la Agencia Tributaria haya hecho caso omiso de nuestras peticiones de publicar una guía para orientar a los empleadores” y avanza que “el mes que viene publicaremos la nuestra propia”.

Sin embargo, no es sólo el tema económico el que preocupa a trabajadoras sociales como Susan, que apunta que “las empresas ni siquiera están pagando los certificados de penales”, algo obligatorio en esta actividad y cuyo coste puede ir desde las 22 a las 44 libras (de los 26 a los 52 euros). Sus denuncias van a la misma atención que dedican a los enfermos, la mayor parte de ellos mayores con demencia: “cuando yo comencé a trabajar teníamos hasta dos horas por paciente.

Ahora, tenemos que bañarles, cambiarles y darles de comer en 15 minutos”. Esta es la ventana mínima que se puede dedicar a un enfermo según lo establecido por las autoridades y que muchas empresas aplican a rajatabla. Es uno de los efectos directos de que la privatización del servicio únicamente pague a las empresas proveedoras por el tiempo que el cuidador pasa en el domicilio del paciente. “No se trata sólo de asearles o alimentarles”, señala Susan, “también de hacerles compañía porque casi siempre son personas mayores que viven en la más absoluta soledad”.